Ayer mientras el Dane publicaba el dato de desempleo para abril- 10,7 por ciento -la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes no pudo avanzar en la discusión del proyecto de reforma laboral por falta de quórum. Es la segunda vez en esta semana que esta unidad legislativa no logra iniciar el debate parlamentario para una de las tres iniciativas de la ‘agenda de cambio’ del Gobierno Nacional.
Más tarde, el partido de La U anunció que no respaldará el articulado de reforma laboral impulsado por la Casa de Nariño y que se concentrará en el texto alternativo presentado por uno de sus congresistas. Ayer mismo la Mesa de Productividad y Empleo, que recoge a unas 20 agremiaciones y 35 mil empresas de distintos sectores como los pequeños industriales, calzado, confecciones y transportadores, también rechazó el contenido de la propuesta gubernamental ante el aumento de los costos laborales.
En simultánea, distintos actores del sector salud, cobijados en el ‘Pacto Nacional por un Mejor Sistema de Salud’, llevaron al Congreso de la República unas 90 mil firmas de ciudadanos que rechazan el actual proyecto de ley de reforma sanitaria. Si bien la iniciativa ya superó su primer debate en comisión, tanto este grupo como tres gremios del sector -Acemi, Asocajas y la Cámara de Aseguramiento de la Andi- insisten en el retiro del articulado de reforma a la salud porque “no resuelve los problemas del sistema y profundiza las inequidades”.
En la tercera pata del paquete reformista -la pensional- se acaba de presentar la ponencia para debatirse también en el Legislativo. A pesar de las fuertes críticas sobre el número de salarios mínimos con los cuales los trabajadores estarían obligatoriamente cotizando en Colpensiones, el Gobierno no cedió y mantuvo su propuesta en entre uno y tres salarios mínimos. Esta medida ha despertado las alertas no sólo en materia de sostenibilidad fiscal sino también de la destinación que este flujo de recursos tendría tras la aprobación del cambio en el sistema pensional. Mientras el reloj sigue corriendo, es evidente que el trámite parlamentario de las tres reformas del gobierno Petro está perdiendo dinámica.
Gran parte de la explicación detrás de esta falta de avance yace en la reciente fractura de la coalición mayoritaria que disfrutó la Casa de Nariño en sus primeros meses de gestión. La apuesta del primer mandatario en su crisis ministerial de escoger escuderos más cercanos a sus bases ideológicas no ha logrado hasta ahora que los proyectos adquieran dosis mucho mayores de apoyo tanto político como en la opinión pública.
Sin desconocer el enorme peso de los acuerdos políticos en estos tránsitos parlamentarios de leyes, las crecientes voces críticas de las tres reformas- han asimismo contribuido a una recepción negativa, o en el mejor de los casos fría, dentro de la opinión pública. Aunque el Gobierno contraataque afirmando que gremios, medios de comunicación y analistas buscan descarrilar su agenda de transformaciones, lo cierto es que ninguno de los tres proyectos ha despertado el entusiasmo ciudadano suficiente como para influir en el juego de fuerzas políticas en el Congreso.
Al contrario, en vez de generar fervor popular- incluso el presidente Petro ha llamado varias veces a la movilización- la discusión de las reformas ha disparado la incertidumbre en distintos sectores productivos, en los pequeños y medianos empresarios, y en muchos usuarios del actual sistema de salud. Resta tiempo y mucho espacio de maniobra política para conocer el destino final del paquete de reformas, pero la falta de acuerdos políticos, la creciente oposición y la desconexión ciudadana están frenando su avance.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGUER
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