Este miércoles, mineros y campesinos de diferentes partes del país se unieron para protestar frente a las instalaciones del Ministerio de Ambiente, en Bogotá. La manifestación responde al rechazo que ha generado el Decreto 044 de 2024 y el impacto que esta norma podría tener para las comunidades.
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Dicha normativa establece los criterios con los cuales se declararían y se delimitarían las denominadas Áreas de Reserva Temporal, las cuales están orientadas en la protección y el desarrollo de los recursos naturales en el marco del ordenamiento minero ambiental.
Entre los aspectos definidos para identificar estas zonas se deberá tener en cuenta que en el lugar haya presencia de ecosistemas de importancia ambiental, áreas estratégicas para la conservación de recursos hídricos que surten agua a los acueductos o que soportan la disponibilidad para garantizar la seguridad alimentaria, y/o lugares que requieran acciones de restauración para favorecer y mantener su integridad ecológica.
Ahora bien, en ese contexto, las protestas se fundamentan no solo en que el establecimiento de estas áreas temporales se llevaría a cabo sin concertación con las comunidades y sin estudios técnicos, sino también en que la medida pondría en riesgo el trabajo de miles de mineros tradicionales y ancestrales, campesinos y personas dedicadas al agro.
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Protesta de mineros y campesinos
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Según explicaron los manifestantes, solo en el caso de Santander la zona de reserva afectaría más de 78.000 hectáreas (más grande que el área urbana de Bogotá), lo que "borraría" del mapa a seis municipios cuyas actividades productivas se volverían ilegales.
En ese sentido, las comunidades mineras han insistido en que su actividad ha sido parte fundamental del desarrollo económico de muchas regiones y que la minería responsable es una oportunidad para promover un equilibrio entre el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente.
Protesta de mineros y campesinos
"El gobierno no puede seguir tomando decisiones desde un escritorio, desconociendo el sentir de miles de familias que han dedicado su vida a una minería responsable y sostenible", explicó Jorge Maldonado, gerente de Calimineros.
En total, más de mil representantes de las comunidades mineras y campesinas de Santander, Antioquia, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Risaralda y Chocó, participaron de la movilización. Los mismos se dirigirán al Consejo de Estado para solicitarle que emita medidas cautelares respecto a esta normativa y así proteger sus derechos al trabajo y la participación.
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