El pasado lunes el Ministerio de Hacienda radicó ante el Congreso de la República el proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2025 con un monto global de 523 billones de pesos. La iniciativa corresponde a un 3,9 por ciento más de lo aprobado para este año en curso y estaría financiada en 511 billones de pesos. Los restantes $12 billones estarían contingentes, “sujetos a una ley de financiamiento”.
Por segundo año consecutivo, el Gobierno somete la discusión presupuestal a depender de la aprobación de otro proyecto de ley complementario. Mientras en 2023 fueron unos 10 billones de pesos los que deberían haberse recaudado por el arbitramiento de litigios de la Dian, para este año la administración Petro cifra sus cálculos en una nueva reforma tributaria por unos 12 billones de pesos, alrededor del 0,7 por ciento del PIB. No sobra recordar que la iniciativa legislativa de litigios nunca pasó y eso contribuyó, sumado a otros factores, al desfase mayúsculo en las cuentas fiscales en este 2024.
El proyecto de presupuesto para el 2025 elevará los gastos de funcionamiento -327,9 billones de pesos y un alza del seis por ciento- y el pago de deuda -112,6 billones de pesos y un alza del 19 por ciento. Los recursos de inversión- que en este año cuentan con 99 billones de pesos -bajarán un 17 por ciento- a 82,4 billones de pesos. Si bien la cartera de las finanzas públicas reitera que este ejercicio está pensando en la reactivación económica, los rubros para inversión caerán en 24 de los 31 sectores del presupuesto. La inversión sirve como impulso a los sectores cruciales que cuentan con la capacidad de jalonar el crecimiento e inyectar de dinamismo al aparato productivo.
Lo primero que hay que decir es que el Gobierno Nacional no puede repetir en este año las ‘cuentas alegres’ que han caracterizado la financiación del presupuesto para 2024. Proyecciones demasiado optimistas del recaudo, así como de la gestión de la Dian, subestimación del impacto de la desaceleración de la economía y dependencia a la aprobación de leyes adicionales han desembocado en un escenario preocupante de estrechez fiscal y problemas de caja.
De hecho, ya hubo un recorte de alrededor de 20 billones de pesos en el monto presupuestal del año en curso. A lo anterior se debe añadir que expertos pronostican que un 40 por ciento de este ‘tijeretazo’ no se podría aplicar, mientras que, para poder cuadrar las cuentas desbalanceadas, el Gobierno se podría ver abocado a nuevas decisiones de recortes billonarios. En otras palabras, el ejercicio presupuestal para 2025 no puede ignorar estos antecedentes tan cercanos y necesita ajustarse a la realidad de un limitado margen de maniobra.
Por esa razón, en el 2025 el Gobierno Nacional debería apostarle a una ambiciosa y tangible austeridad en el gasto público. Sin desconocer las rigideces e inflexibilidades de las normas presupuestarias, se requiere encontrar esas áreas de funcionamiento donde se pueden generar ahorros sustanciales que vayan más allá de los tradicionales anuncios. Por otro lado, el presupuesto, en especial, la inversión productiva, podría, con buen diseño y orientación, convertirse en un instrumento de impulso para la reactivación de la economía.
Por último, no es conveniente la aprobación de una nueva reforma tributaria por 12 billones. Las empresas y los hogares no aguantan más impuestos y cargas en medio de este freno abrupto de la economía. El Congreso debe discutir un ejercicio ajustado a estas realidades.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
framir@portafolio.co
X: @pachomiranda
