La incertidumbre sobre el futuro de Venezuela tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio no cesa, en medio de las denuncias de fraude y represión por parte de los opositores y el rechazo a los resultados que benefician a Maduro, por un creciente número de países. Desde Colombia, el gobierno Petro le ha apostado a una mediación en conjunto con Brasil y México mientras aumentan las expectativas de una nueva oleada migratoria de venezolanos a territorio colombiano.
Si bien el canciller Luis Guillermo Murillo ha calificado esas preocupaciones como “infundadas” ya que no se han registrado hasta ahora movimientos masivos en las fronteras, es prematuro descartar que no se presente un fenómeno de esta naturaleza. En especial, cuando, en frustraciones anteriores de esfuerzos opositores por sustituir al régimen de Nicolás Maduro, la respuesta de los ciudadanos venezolanos ha sido “votar con los pies”, esto es, abandonar su país.
No se puede olvidar que el gobierno chavista ha convertido a Venezuela hoy en la más grave crisis migratoria del mundo que no ha sido motivada por una guerra o abierto conflicto civil.
Según datos de las Naciones Unidas, en los últimos años alrededor de 7,7 millones de venezolanos han migrado forzosamente, escapando de la debacle social y económica de Maduro y de la revolución chavista, que ha contraído la economía y empobrecido al país.
La administración Petro no debería ignorar estos temores de una eventual oleada migratoria desde Venezuela en respuesta de una fraudulenta y autoritaria consolidación de Nicolás Maduro. Aun si el acuerdo político que busca el presidente Petro se materializa y el chavismo sigue aferrado al poder, la respuesta de los venezolanos podría ser la salida masiva hacia Colombia y otros destinos como Estados Unidos. En otras palabras, de anotarse el mandatario nacional el éxito diplomático que persigue, una nueva crisis migratoria podría desencadenarse.
Las cifras oficiales de Migración Colombia a abril de este año registran la presencia de 2,81 millones de migrantes de origen venezolano en el país. De estos, 67.000 están plenamente regularizados mientras que 2,28 millones se encuentran regulares en el marco del Estatuto Temporal de Protección o en proceso de regularización. Alrededor de medio millón de venezolanos registran una condición de irregulares. A lo anterior se añade el tránsito de miles de migrantes, muchos de origen venezolano, por el Darién en camino a Estados Unidos y en manos de mafias criminales y tratantes de personas.
La política migratoria de Colombia en años recientes -en especial en la administración Duque- ha logrado que alrededor del 80% de los venezolanos en el país se encuentre en situación regular, con la protección que esto implica.
En comparación con el manejo de crisis migratorias en otras latitudes, el abordaje humanitario del Estado y la sociedad colombiana ha contribuido a la integración del migrante y ha evitado su conversión en una población ilícita y en las sombras.
No obstante, la actitud sumisa y complaciente del gobierno Petro ante Maduro -que ha derivado en la pérdida de perfil y de protagonismo del esfuerzo migratorio- no puede conducir a la falta de preparación ante futuras oleadas de venezolanos. La política migratoria colombiana necesita ganar más presencia política, empujar más la regularización, mejorar el acceso de migrantes a servicios como el crédito para mitigar su pobreza, concentrarse en obtener más recursos de cooperación internacional y no descuidar la feminización del fenómeno y el aumento de niños y adolescentes migrantes.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
framir@portafolio.co
X: @pachomiranda
