El escándalo de la pelea entre la ex jefe de gabinete de la Presidencia, Laura Sarabia, y el ex embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, no cesa. En días recientes se les añadieron nuevas capas por vía de unos audios publicados, en los que Benedetti habla de la entrada de multimillonarias sumas de dinero a la campaña del hoy presidente, Gustavo Petro, junto con amenazas políticas, reclamos sobre “espacio político” y acusaciones de traición, entre otros señalamientos.
Esta situación, que había estallado la semana pasada con las acusaciones de la niñera de Sarabia sobre interrogatorios ilícitos y en los que Benedetti terminó implicado por su enfrentamiento con la mano derecha presidencial, se ha convertido en la más grave crisis política que haya enfrentado el gobierno Petro en sus casi diez meses de gestión. Junto a los inevitables llamados a las investigaciones exhaustivas de las autoridades, incluidas las electorales, están las invitaciones a que se suspendan los debates sobre el paquete de reformas que impulsa hoy el Ejecutivo.
Es imperativa la urgencia de que se sepa toda la verdad en este oscuro escándalo, que involucra a dos personas del círculo cerrado del presidente Petro y que extiende un manto de duda sobre tanto la legalidad de las actividades financieras de la campaña del año pasado como el compromiso de ésta en contra de la corrupción y de las prácticas tradicionales de la política. Sería ingenuo negar que, en un escándalo tan cercano al corazón de Palacio de Nariño, tanto la imagen como la confianza en el primer mandatario no se vean impactadas negativamente.
Lo más grave de la actual crisis es que llega en momentos donde, por otros factores anteriores, la favorabilidad presidencial va de capa caída, junto con el poco entusiasmo popular que ha despertado su paquete de reformas. A lo anterior se añaden la creciente desilusión ciudadana con los principales elementos de la llamada ‘agenda del cambio’ -como lo reflejan recientes sondeos de opinión pública- así como la fractura de la coalición de gobierno, que ha impedido que aumenten los apoyos parlamentarios a estas iniciativas. De hecho, los problemáticos guarismos de popularidad presidencial que han sido recientemente publicados no recogen los escándalos en los que están involucrados los hoy despedidos Sarabia y Benedetti.
En medio de esta tormenta política, cabe entonces preguntarse si es prudente, para la economía y la sociedad, que estos tres proyectos de reforma continúen su trámite parlamentario como si nada estuviera pasando. Ninguno de los tres textos goza, hoy por hoy, del respaldo ciudadano, de los apoyos políticos o de los endosos técnicos y empresariales.
Al contrario, si bien las iniciativas cuentan con algunas medidas positivas y con consenso -como, en la pensional, el pilar solidario para ayudar a los adultos mayores- las alarmas por sus riesgos estatizantes y su sesgo contra el sector privado están disparadas.
En otras palabras, la crisis política se traduce, ante el momento de trámite de este paquete reformista, en una verdadera crisis de gobernabilidad, en la que el Ejecutivo encuentra grandes dificultades en lograr acuerdos en el Legislativo.
La siguiente cuestión que se deriva es sobre la conveniencia de aprobar en el Congreso unos drásticos cambios en el sistema de salud, régimen de pensiones y marco laboral, que los ciudadanos no apoyan y en los que el Gobierno se ha negado a dar concesiones.
La palabra la tienen los congresistas, pero toda Colombia está a la expectativa de que las reformas no sean empujadas a la brava.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
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