Ayer el Dane publicó su reporte de pobreza monetaria para el 2023 con resultados positivos. El año pasado Colombia registró un 33 por ciento de la población en esta situación socioeconómica, una reducción de 3,6 puntos porcentuales en comparación con lo registrado por este mismo indicador en 2022. Este descenso equivale alrededor de 1,62 millones de colombianos que salieron de la condición de pobres monetarios durante el 2023.
A partir de 2021 la recuperación económica de la pospandemia se ha reflejado en una reducción continuada de las tasas de pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema. En el caso de esta última, el porcentaje subió levemente de 13,7 a 13,8 por ciento entre 2021 y 2022, para caer a 11,4 por ciento en 2023. No obstante, a pesar de esa senda en la dirección adecuada, que uno de cada tres colombianos esté por debajo de la línea de pobreza ratifica que la máxima prioridad de la política social y económica del Gobierno debería ser la lucha contra esta condición.
Una mirada más detallada al informe de la organización estadística muestra unos datos que merecen atención y acción. El primero es la brecha de género: mientras los hogares con jefatura masculina reportaron una tasa de 29,5 por ciento, aquellos en cabeza de mujeres registraron 37,7 por ciento, 8,2 puntos porcentuales más. No es aceptable que la cara de la pobreza en Colombia continúe siendo mayoritariamente femenina, rural, informal y menor de 45 años.
Un segundo aspecto es el geográfico. Se sostienen los retos con relación a un mayor porcentaje de pobres monetarios en las zonas rurales, a pesar de que el impacto positivo de los subsidios gubernamentales es mucho más grande. A lo anterior hay que sumar preocupantes resultados en algunas capitales del país como Villavicencio, Valledupar y Popayán, que aumentaron sus niveles de pobreza monetaria en 1,8, 1,3 y 1,1 puntos porcentuales respectivamente.
Quibdó, aunque bajó 2,2 puntos, reporta 60 por ciento, casi el doble del promedio nacional. Estas son urbes que necesitan con urgencia unos planes específicos y regionalmente focalizados que reduzcan estos indicadores. A Valledupar- que ya bordea 50 por ciento- se le suman Cartagena, Neiva, Florencia, Sincelejo y Riohacha con tasas por encima del 40 por ciento. Las administraciones locales que cursan su primer año de gestión deberían concentrar sus esfuerzos en iniciativas de lucha contra esta situación.
Si bien las ayudas gubernamentales como transferencias y subsidios respondieron el año pasado hasta por 4,4 p.p. en esta incidencia, el principal motor para una reducción sostenible de la pobreza sigue siendo un vital crecimiento económico. Por tal razón, si bien el reporte del Dane para 2023 trae estos bienvenidos resultados, el momento de desaceleración en la actividad económica -en especial el comercio- generan alerta, ya que una mayor informalidad y la pérdida de empleos afectan con dureza la capacidad de generar ingresos de millones de trabajadores colombianos.
Aunque el Gobierno tiene derecho a celebrar esta positiva noticia -incluso con la firma de la reforma pensional y su pilar solidario para los adultos mayores- a renglón seguido tendría que materializar esa esperada estrategia de reactivación de las actividades económicas. De hecho, estas medidas, urgentes para la industria, el comercio y la construcción, deben acompañarse con una protección de los puestos de trabajo y evitar repuntes indeseables de la inflación. Esta lucha contra la pobreza es de máxima prioridad.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
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