El jueves pasado la Corte Internacional de La Haya rechazó la petición de Nicaragua de extender su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas desde su costa. Esta definición -el tercer fallo en una serie de demandas entre los dos países- favoreció los intereses colombianos al evitar una superposición con los límites marinos vigentes.
El desarrollo positivo en el litigio contrasta con la decisión de esa corte en 2012 que significó un duro golpe para la soberanía nacional y para San Andrés y Providencia. Más allá de las importantes consecuencias jurídicas de esta victoria, el fallo de La Haya volvió a girar las miradas hacia la situación del único departamento insular del país, en especial la socioeconómica.
Han sido muy difíciles los años recientes para el archipiélago. De acuerdo a un estudio del Banco de la República, la economía local sanandresana, basada principalmente en la actividad turística, fue una de las impactadas por la pandemia de la covid-19. Luego, la reactivación económica -que implicó el regreso de los vuelos y de los turistas- se tradujo en 2022 en un crecimiento del 11,2% en el PIB de la isla en comparación con el año anterior, el más alto del país.
No obstante, el azote del huracán Iota a las islas en noviembre de 2020, cuyas consecuencias aún se sienten, generó un plan de reconstrucción con dificultades y extensiones en sus cronogramas.
Por otro lado, la crisis de las aerolíneas de bajo costo y sus ceses de operaciones se han traducido en un deterioro en la conectividad aérea del archipiélago con graves efectos en el turismo. De hecho, balances de gremios turísticos estimaron la pasada temporada vacacional de Semana Santa como una de las peores en muchos años. A lo anterior se añaden los permanentes problemas de seguridad que trae la acción de los narcotraficantes en la zona.
Colombia se enfrenta a un camino donde la diplomacia debe avanzar para asegurar las actividades pesqueras y acceso a esos bancos ancestrales, así como reforzar la atención a las islas. Si bien el Ministerio de Vivienda anunció 300 mejoramientos, la cancelación de la visita del presidente Petro fue una oportunidad perdida para ratificar a los sanandresanos que la soberanía de los fallos se cimentan con acciones de Gobierno.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
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