El Plan Nacional de Desarrollo (PND), que entra ya en su fase decisiva luego de su aprobación en primer debate en el Congreso de la República, refleja importantes logros para las entidades territoriales en áreas sensibles como la salud pública y los ingresos fiscales. Deja traslucir los resultados de un esfuerzo liderado por la Federación Nacional de Departamentos, en equipo con los 32 gobernadores, para que la carta de navegación del país para los próximos cuatro años tenga el enfoque regional anunciado por el presidente Iván Duque.
El logro más visible en el área de la salud se concreta en una reforma que permite a la nación asumir –como lo venían pidiendo las entidades territoriales– la competencia para el reconocimiento y pago de los servicios y tecnologías No POS, con lo que el sistema se libera de una pesada carga que debían llevar a cuestas las finanzas territoriales. Desaparece así la estructuración de un Plan de Saneamiento para los departamentos por las deudas que se generarían hasta 31 de diciembre del 2019 por este concepto.
El nuevo Plan de Desarrollo supondrá una redistribución del Sistema General de Participaciones en salud, ya que incrementará al 88 por ciento los recursos para aseguramiento en salud de la población, 2 por ciento para financiar los subsidios a la oferta de los municipios que sean zonas rurales dispersas y para cofinanciar atención a la población pobre no asegurada. El 10 por ciento restante queda reservado para acciones en salud pública. También quedará en cabeza de la nación la responsabilidad de financiar los servicios prestados a población migrante.
En materia de regalías, nuestra gestión permitió eliminar el límite del 50 por ciento definido para los actuales gobernadores y alcaldes, respecto de los mayores recaudos de regalías generados en el bienio 2017-2018; evitar que los Ocad perdieran la competencia para viabilizar los proyectos financiados con estos recursos y, de forma concertada con el gobierno, se aprobó el traslado de la secretaría técnica del Ocad Paz del Ministerio de Hacienda a la Dirección Nacional de Planeación.
Otro logro sustancial alcanzado en el escenario legislativo fue el retiro de tres artículos que planteaban una modificación al régimen de recaudo del impuesto a licores del que dependen programas con marcado rostro social en las áreas de la salud, la educación y el deporte.
Como estaba concebida inicialmente, la iniciativa buscaba establecer una tarifa única por grado de alcohol para licores y aperitivos y otra para vinos y aperitivos vínicos. Los efectos de disposiciones en ese sentido habrían supuesto pérdidas de ingresos fiscales del orden de los 600.000 millones de pesos anuales.
Ahora bien, la propuesta presentada por los departamentos no descarta una eventual reforma de los impuestos departamentales, pero en el marco de la Comisión de Expertos creada por la Ley de Financiamiento para este fin. A la par, en el caso concreto del impuesto al consumo de licores, hemos avanzado con una propuesta de reglamentación por parte del Ministerio de Hacienda, de la metodología para certificar el precio de venta al público de licores por parte del Dane, frente a la cual se han generado múltiples inconformidades y discusiones. Nuestra idea es excluir de los canales de consulta a hoteles y restaurantes y definir reglas más claras que eviten los cambios constantes, pues ello implica modificar la base sobre la que se liquida el impuesto.
El balance hasta hoy es ampliamente favorable. El 86 por ciento de nuestras propuestas y análisis fueron incorporados en el proyecto de ley del Plan y también acogidas en el concepto emitido por el Consejo Nacional de Planeación sobre las bases del mismo. Sin embargo, en el proyecto de ley inicialmente presentado por el Gobierno Nacional identificamos algunos artículos que hubiesen podido afectar las finanzas territoriales, la autonomía y la descentralización de los territorios. El estudio previo de socialización con el Gobierno dio finalmente amplios frutos.
Aún queda un trecho importante por recorrer. Estamos trabajando en algunas propuestas que esperamos sean avaladas por el Gobierno Nacional y cuenten con la aprobación del Congreso, en temas relacionados con niñez, medioambiente, gestión de riesgo y agua potable, el uso de recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet), y una contribución que proponemos crear para fortalecer las acciones de inspección, vigilancia y control de las secretarias de salud en el nivel territorial.
Carlos Camargo Assís
Director Ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos
