Cuando se habla de descentralización en Colombia todos los estudios indican que ha sido relativamente exitosa en términos de acceso a bienes y servicios públicos, tanto en zonas urbanas como rurales. Ha puesto, además, dicho acceso en el centro de la discusión pública.
Los logros son innegables. Entre el 2003 y el 2017, 6,6 millones de personas salieron de su condición de pobreza monetaria, de las cuales 2,8 millones salieron de pobreza extrema. Aún más importante, 11,9 millones de personas salieron de pobreza multidimensional, la cual incluye privaciones en educación, salud y vivienda y servicios públicos, todos los cuales constituyen competencias de las entidades territoriales.
La cobertura en salud pasó, en efecto, de 57,8 a 90,9 por ciento entre el 2002 y el 2017. A su vez, entre 1997 y el 2016, el acceso a acueducto pasó de 85,6 a 89,6 por ciento, y a alcantarillado de 70,8 a 77,5 por ciento. La reducción en pobreza multidimensional ha sido importante tanto en la zona urbana como en la rural, pero esta última se ha acelerado más en los últimos años.
Sin embargo, estas mejoras no se han distribuido homogéneamente en todo el territorio nacional. Mientras que entre el 2003 y el 2017, la pobreza monetaria se redujo en 36 puntos porcentuales (p. p.) en Cundinamarca y Boyacá, solo disminuyó en 10,5 p. p. en Chocó, y 5,7 en La Guajira. La pobreza extrema se redujo en 27,8 p. p. en Boyacá, pero aumentó en 6 p. p. en La Guajira. Asimismo, a pesar de tener cobertura universal en educación primaria, hay 60 municipios donde la cobertura en educación primaria no alcanzaba el 50 por ciento en el 2016.
Estas disparidades son persistentes a pesar de la participación de las entidades territoriales en los ingresos del Gobierno Nacional, que buscan, entre otras cosas, compensar desigualdades de la capacidad de generar ingresos tributarios propios. A través del sistema general de participaciones, por ejemplo, Taraira (Vaupés) recibió en el 2016 recursos nacionales por habitante 30 veces superiores a los que ingresaron a Sopó (Cundinamarca), los municipios en los extremos de dicha escala.
Los avances diferenciales en materia de servicios indican que los efectos de la descentralización y el desarrollo territorial tienen determinantes locales, con efectos diferenciados a nivel departamental y municipal. Resulta, por ello, sorprendente el bajo número de estudios que evalúan los logros específicos de la descentralización a nivel departamental o municipal, sus determinantes y efectos, más allá de los agregados nacionales.
Una de las posibles razones detrás de esto es la limitada disponibilidad de información sobre el desarrollo de los 1,101 municipios y 32 departamentos del país que sea estrictamente comparable. Esto refleja serios vacíos de información, ya sea por la inexistencia, desactualización o pobre calidad de los datos a nivel municipal. Por ejemplo, no existen datos de incidencia de pobreza monetaria o extrema a nivel municipal, y el único dato de pobreza multidimensional para los 1.101 municipios es el del Censo de población del 2005. A esto se agregan los problemas de calidad de los datos existentes, y dificultad en el acceso a ellos.
Con la información disponible se vuelve, por lo tanto, una tarea titánica evaluar los resultados de la descentralización a nivel municipal, comparar la eficiencia en la provisión de servicios públicos entre entidades territoriales, analizar escenarios para una asignación más eficiente de recursos con enfoque territorial, proponer criterios diferencias por departamento o municipios, y evaluar el efecto ‘equiparador’ del sistema general de participaciones.
Como respuesta a esta necesidad, aplaudo la iniciativa del DNP de lanzar la próxima semana el Sistema de Información Territorial, TerriData (https://terridata.dnp.gov.co), respaldado además por el Dane. Esta herramienta, que busca posicionarse como principal visualizador y repositorio de datos estandarizados y homogéneos a distintos niveles territoriales, permitirá contar con indicadores estratégicos y comparables que den cuenta de diversas dimensiones socioeconómicas de todas las entidades y hacer evidente, además, los vacíos de información o problemas de calidad para el continuo mejoramiento de los datos. No menos importante, es una herramienta transparente para el control social de las políticas públicas a nivel departamental y municipal.
Estos objetivos de TerriData son condición necesaria para el diseño de políticas públicas que reduzcan las brechas y disparidades territoriales, permitan profundizar la descentralización en Colombia y fortalecer las capacidades institucionales para el diseño de políticas diferenciadas con enfoque territorial.
José Antonio Ocampo
Codirector del Banco de la República
