Para el año 2026, el presidente electo enfrentará el desafío de implementar una política de austeridad, necesaria para contrarrestar el incremento notable en el gasto público durante el gobierno de Gustavo Petro. Este aumento ha sido impulsado por un crecimiento en la burocracia, en la asignación de subsidios y en gastos poco efectivos para el desarrollo del país.
El plan de austeridad propuesto debe enfocarse en la eliminación o ajuste de entidades nacionales redundantes o innecesarias.
Entre las medidas sugeridas se incluye la eliminación del Ministerio de la Igualdad, transfiriendo sus funciones al DPS, y la reestructuración de la Consejería Presidencial del Pos Conflicto, cuyas funciones y equipos podrían ser absorbidos por la ARN o la ART.
Se recomienda también la integración de la Agencia En Territorio (anteriormente Fonade) con Findeter, la eliminación del Fondo de Adaptación y la redistribución de sus responsabilidades a la UNGDR o al Invías, así como la disolución de la agencia inmobiliaria Virgilio Barco y la unificación de las fiduciarias públicas.
Es crucial revisar la operatividad del FNA, abordar su problemática financiera y realizar ajustes presupuestales estrictos en la UNP, la ANH y Procolombia. Además, se deberá evaluar críticamente el aumento del número de contratistas y personal en todas las entidades del Gobierno Nacional.
Estas son algunas de las medidas clave para optimizar la eficiencia y generar ahorros significativos en la administración estatal.
Es esencial avanzar en la transformación digital de los servicios consulares internacionales para incrementar las opciones digitales, reduciendo así la necesidad de desplazamientos para trámites en el extranjero. También se debe considerar la eliminación de embajadas con escaso aporte al país.
Un punto crítico es la revisión de las políticas de subsidios actuales, incluyendo el controvertido subsidio a los jóvenes de Paz, conocido como ‘subsidio por no matar’, el subsidio al ACPM, y aquellos destinados a la energía en el estrato 3, entre otros, que podrían estar beneficiando a sectores específicos en detrimento del interés general.
Para mejorar la eficiencia administrativa y contractual, se propone prohibir los convenios interadministrativos que aumentan innecesariamente los costos de administración y gestión, y que suelen emplearse para evadir el régimen de contratación pública.
Es vital revisar la política de gastos en publicidad de las entidades estatales, limitando la impresión de periódicos gubernamentales y la publicidad en redes sociales, además de reevaluar los contratos de operación logística, que a menudo funcionan como agencias de publicidad y mercadeo.
Se debe establecer una normativa para que los tiquetes aéreos sean siempre en clase económica.
Finalmente, es fundamental fortalecer las compras públicas mediante Colombia Compra Eficiente, una plataforma que ha demostrado su eficacia en aspectos como centros de contacto, acuerdos de nube pública y suministros.
En 2026, será imprescindible apretarse el cinturón y corregir los gastos excesivos e irresponsables actuales.
Víctor Muñoz
Emprendedor, investigador, analista.
